Venezuela: se desmorona la fachada democrática

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave de la oposición, que seguía siendo independiente del poder ejecutivo.

A lo largo de los años, el gobierno de Maduro ha actuado de forma persistente y deliberada para lograr que se debilitaran los controles sobre su propio poder, mientras avasallaba los derechos fundamentales de los venezolanos tales cómo; las elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral; conformado por mayoría de partidarios del gobierno, ha frenado deliberadamente un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. No ha convocado a las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debieron celebrarse en 2016.

Separación de poderes

No existen en Venezuela instituciones gubernamentales capaces de controlar al poder ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez copó con adeptos el Tribunal Supremo en 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a personas leales al gobierno en el tribunal, sin importar su grado de estudio, arrasando así con su función de garante de derechos. Desde que en 2015 los venezolanos eligieron a una amplia mayoría opositora en la Asamblea Nacional, el Presidente Maduro ha empleado al tribunal para impedir que los legisladores ejercieran sus funciones. Tras varios meses en los que el Tribunal anuló prácticamente todas las leyes que suponían una amenaza para los intereses del gobierno, declaró que la Asamblea Nacional no estaba acatando las resoluciones del Tribunal y asumió todas las funciones legislativas, clausurando así en la práctica al poder legislativo.

El Tribunal Supremo dispuso también que el apoyo de los legisladores opositores al debate en curso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela pudiera constituir traición a la patria, y advirtió que los legisladores responsables no gozarían de inmunidad parlamentaria.

Libertad de expresión inexistente

Son muy pocos los medios de comunicación independientes que todavía quedan en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos, caso fue de una periodista que cubría las protestas del día después a la decisión del TSJ de radio Caracol medio colombiano, en diversidad de vídeos se muestra como fue agredida por Guardias Nacionales que solo cumplían órdenes y ella sólo se defendía diciendo “Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo”. Se ha prohibido en muchas oportunidades la entrada al país de periodistas internacionales para dar cobertura a la crisis, e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. También se ha sacado del aire a canales de noticias tal fue el caso de CNN en español. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional que pueden recibir las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo es exponer los abusos, alegando sin fundamentos que desestabilizan la democracia venezolana.

Una Muerte anunciada

Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud adecuados. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solamente ha realizado acciones limitadas para obtener asistencia internacional humanitaria, que podría estar disponible inmediatamente para ayudar a paliar la crisis.

Sin duda un gobierno con un nefasto récord en materia de derechos humanos, que ha hecho uso de una enorme concentración de poder para erosionar progresivamente las garantías de todos los ciudadanos, el último pronunciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión. Ante una situación que se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, y que esa falsa democracia queda desmoronada ante cada decisión.  La comunidad internacional debería reaccionar con fuerza: ahora más que nunca es necesario que los líderes democráticos ejerzan con urgencia una presión multilateral firme y decisiva sobre el gobierno de Maduro.