Poder, desarrollo y equidad: su transformación en virtud de la mujer

El pasado 25 de noviembre fue conmemorado el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. En esta ocasión, además, la ONU instó a que durante 16 días se desplegara una jornada mundial de sensibilización, visibilidad y acciones solidarias.

Cabe, entonces, reflexionar sobre las violencias que se cometen en su contra y, en general, sobre la situación global de desventaja en la que se encuentran las mujeres. Para nosotros, dicho desde ahora, es un asunto de la mayor importancia, pertinencia y vigencia.

En términos de ONU Mujeres, “ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas que ocurre en espacios públicos y privados”. El aserto lo respaldan cifras por completo preocupantes, ofreciendo un panorama de género que va mucho más lejos de las ciudades o las fronteras demarcadas por los países desarrollados.

Por ejemplo, se estima que, en el mundo, de cada dos feminicidios cometidos, el autor material de uno de ellos es el compañero sentimental o un miembro de la familia de la mujer fallecida. En contraposición, entre los hombres asesinados esta circunstancia solo se presenta en uno entre veinte casos. Desde la perspectiva de la trata de personas, esta práctica cruel recae en un 71% sobre mujeres y niñas. Entre las víctimas, tres cuartas partes fueron reducidas a explotación criminal sexual.

También ha trascendido que, en la actualidad, un promedio de 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir la mayoría de edad, cuestión que también es alarmante, no sólo por las prácticas culturales subyacentes, sino, más que todo, porque las investigaciones han establecido que las mujeres que contraen nupcias durante su infancia, por esta única circunstancia, resultan más proclives a padecer violencias a manos de su compañero sentimental.

De otra parte, analizando la problemática en clave de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es claro que la persistencia de condiciones de pobreza e indigencia agravan la vida y el desarrollo en cualquier lugar del planeta. No es desacertado afirmar, como bien lo hace ONU Mujeres, que la peor parte entre las familias pobres es soportada por mujeres y niñas. Estiman que 836 millones de personas en todo el mundo se encuentran hoy en esta situación.

Así, las adversidades, que se convierten en límites en el logro de una mejor calidad de vida, con mayor acentuación entre los países en desarrollo, implican que cada día ellas inviertan millones de horas buscando agua o combustible para la preparación de alimentos; cuando logran un empleo, el 70% de ellos está en los márgenes de la informalidad y la desprotección social; se ha vuelto lugar común que solo por cuestiones de género obtengan menos salario que los hombres; su carga de trabajo no remunerado es tres veces mayor que la de los hombres; no se ha erradicado el analfabetismo, que tiene una relación directa con la muerte prematura de sus hijos o hijas; con dificultad, superan el 20% de participación parlamentaria en el planeta; todavía hay 49 países que no cuentan norma alguna para su protección frente a los actos de violencia en sus hogares… pero, sin ir más lejos, a pesar de todo su esfuerzo, trabajo y liderazgo, según la misma fuente, “las mujeres actualmente ocupan apenas 20 puestos ejecutivos en las 500 empresas de la lista Fortune”.

Pues bien, aunque en términos de equidad económica, social o política en perspectiva de género, aún falte bastante para estar cerca de alcanzar las metas de los ODS, lo importante es que se ha comenzado a recorrer el camino. No es tiempo de callar, es tiempo de avanzar.

De nuestra parte, específicamente en el caso colombiano, desde hace 17 años hemos impulsado acciones coherentes a favor de las mujeres que, según la autoridad nacional de estadística DANE, el año anterior fueron más de 22 millones, de las cuales el 56% son cabeza de familia.

Un primer resultado es la expedición de la ley antidiscriminación. Recogió, además de las razones de género, aquellas motivadas por el color de la piel, religión, etnia, ideología o nacionalidad, sancionando las conductas que se apoyaran en ellas para constituir actos de hostigamiento o de diferenciación injustificados. Un segundo logro consistió en la radicación y acompañamiento a diversas iniciativas que, luego de reunir el apoyo social, legislativo y gubernamental, se tradujeron en normas nacionales en contra del feminicidio. Otras, condenan las lesiones causadas con agentes químicos, entre los cuales se cuentan, en efecto, los ácidos.

En tercer término, está el aseguramiento de inclusión en las listas de candidatos o el establecimiento de porcentajes en la conformación de gabinetes nacional, departamentales o locales; la igualdad salarial entre hombres y mujeres cuando desarrollan las mismas funciones y cuentan con igual preparación; y, en cuarto lugar, sin pretender agotar todas las opciones, se pueden contar las normas especiales de protección para la mujer frente a la violencia doméstica; diversos mecanismos orientados a garantizar seguridad y respeto; el acceso gratuito a servicios de salud para la prevención de algunos tipos de cáncer que las afectan de manera exclusiva; o la ampliación de las semanas de maternidad.

El próximo desafío, planteado aquí hace unos meses, tiene por objeto asegurar la inclusión productiva de la mujer en condiciones de equidad y estabilidad. Los beneficios de este cambio, son innumerables.