La simpatía no se obtiene por la fuerza

Es de público conocimiento internacional que hace algunos meses se suscribió finalmente en la cuidad de Bogotá, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – EP. Como era de esperarse, lo que ha venido después es una serie de propuestas, discusiones y modificaciones institucionales que permiten la incorporación y el desarrollo de lo pactado en La Habana. Desde que inició esta nueva etapa, los poderes públicos implicados en mayor grado, el ejecutivo y el legislativo, han trabajado contantemente, cada uno en lo de su cargo, procurando sentar las bases para el cumplimiento de lo acordado.

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En esta ocasión, queremos referirnos a la propuesta que, dentro de ese marco, ha surgido sobre implantar el “Voto Obligatorio” en el país, dentro de las varias alternativas de reforma política que fueron recientemente presentadas a estudio del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

En esencia, se pretende que el tradicional derecho de asistir a las urnas para construir colectivamente la decisión pública de elección popular, transforme su naturaleza para convertirse en una obligación. Durante los próximos ocho años, lapso que coincide con dos períodos presidenciales consecutivos, esta sería la característica del nuevo deber impuesto a la ciudadanía.

Entre los principales argumentos de quienes defienden la aplicabilidad del voto obligatorio, se encuentra, según ellos, que es necesario incorporarlo a nuestro ordenamiento en aras de combatir el abstencionismo electoral, que ha sido una característica habitual en las elecciones colombianas, aunque no exclusiva de nuestro país, pues el fenómeno también se observa en naciones poseedoras de una larga tradición democrática.

En nuestro caso, la ausencia de votantes en las urnas ronda los niveles del 50%, llegando incluso al 63% como en el pasado plebiscito sobre los acuerdos de paz. Normalmente, las elecciones locales de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles despiertan mayor interés popular, en comparación con las elecciones naciones de orden presidencial y legislativo.

Por otro lado, junto con la razón que acabamos de mencionar también se defiende la pertinencia de la reforma esgrimiendo que su incorporación desestimularía los fenómenos de corrupción asociados a la “compra de votos”, pues todas las personas tendrían que salir a votar. Unos más, sugieren que puede convertirse en una oportunidad para cambiar las estructuras, forzando a la gente a participar en la toma de las decisiones públicas que se hacen mediante esa figura.

En contra, también se ha dicho que en Colombia hace falta cultura ciudadana para obtener resultados positivos de la modalidad de voto obligatorio o que no se cuenta con la madurez suficiente en la conciencia política colectiva para implementarlo.

Lo cierto es que toda propuesta se puede y se debe debatir. Además de lo que se ha mencionado, la discusión acerca del voto obligatorio en el caso colombiano debe evaluar su impacto en la posibilidad de votar en blanco que, en nuestro país, es un voto válido como todos los demás. También, habría una afectación en los umbrales o barreras legales, obligando a los partidos y movimientos políticos a reunir, como mínimo, votaciones cercanas a un millón de personas, cifras que elevan casi en un 200% la exigencia actual en esta materia, perjudicando sobre todo a las expresiones políticas independientes y minoritarias.

Unido a lo anterior, no pueden perderse de vista los mecanismos de control al voto obligatorio, acerca de los cuales no se ha dado hasta el momento la claridad suficiente. ¿Cuáles serían los correctivos o las sanciones a aplicar en los casos de quienes no voten? ¿Cabrían excusas por eventos de fuerza mayor o caso fortuito?, son algunas cuestiones que aún se deben resolver.

Sin embargo, si el debate de fondo se enfoca sólo en combatir la abstención, creemos que la discusión debería ser realmente otra. Tanto los partidos políticos, como la política en sí misma, se encuentran profundamente desacreditados. Los fenómenos de corrupción, que lamentablemente han estado presentes desde hace mucho y que por los descubrimientos más recientes se convierten en causa persistente de conversaciones cotidianas, calan hondo en la opinión pública.

Por lo tanto, obligar a las personas a votar no conseguirá que el pueblo mire con buenos ojos aquello que hoy la mayoría rechaza con no poco fundamento.

La simpatía no se obtiene por la fuerza. Así como el auténtico respeto se brinda hacia otro espontáneamente cuando tal sentir ha sido motivado por causas nobles, es evidente que la identificación o militancia hacia una ideología o un partido político es algo que debe obtenerse, en primer lugar, con coherencia entre el discurso y los hechos y, posteriormente, con resultados que demuestren cómo se honra el bien común y los valores de un pueblo a lo largo del tiempo.

En la mayoría de lugares del mundo, y Colombia en términos generales no es la excepción, la brecha entre el votante y el político que le representa sigue sin cerrase, antes bien, la distancia entre ellos parece aumentar. Por eso decimos, con firmeza, que ese deseable resultado jamás se conseguirá imponiéndolo a modo de obligación. Mientras que el voto debería seguir siendo un derecho, la política habría de asumir el desafío de ser fuente de orgullo y dignidad para la sociedad en la que ejerce.