Acción y atención frente a las fuerzas naturales

Durante las pasadas semanas, de acuerdo con la información que se conoció en todo el mundo gracias a la difusión que hicieron los medios de comunicación y las redes sociales, lluvias e inundaciones se han presentado en Canadá las que, a causa de su impacto, se catalogaron por algunos como las más intensas de los últimos 50 años.

Las provincias de Ontario y Quebec se contaron, en esta ocasión, como las más afectadas. Para bien, el registro de víctimas mortales fue mínimo, en comparación con las circunstancias. No obstante, los damnificados por las lluvias fueron miles y las pérdidas materiales sumaron millones. El deshielo que aumenta el caudal de las aguas y la intensidad de las precipitaciones que superó las expectativas, causaron daños y perjuicios a lo largo de la costa este del país, en decenas de municipalidades.

Sin embargo, como lo han registrado algunos medios locales, los reparos a gobiernos y autoridades no se han hecho esperar, pues, estiman que en el país se conoce con suficiencia el “mapa de riesgos” desde los años 70, por lo cual no aceptan que se muestre como sorpresivo e imprevisto un evento natural de estas proporciones, cuando pudo hacerse más, con anticipación suficiente. Preguntan, incluso, por la voluntad administrativa y política necesaria para la toma de decisiones, las obras civiles nuevas que han debido construirse, las reparaciones y adecuaciones en la infraestructura existente, expresando su preocupación por autorizaciones de construcción que se concedieron, aparentemente, en zonas de riesgo.

Algunos sectores del Oeste del país, también han padecido los rigores de las lluvias. En Columbia Británica, por ejemplo, ha sido notorio el caso del valle de Okanagan, donde cientos de personas fueron evacuadas para evitar muertes en medio de las inundaciones y los deslaves, ante lo cual las reacciones han sido oportunas. Entre ellas vale la pena destacar la del Consulado General de México en Vancouver, que dispuso una línea exclusiva para la atención de emergencias de sus connacionales que viven en aquella región.

Estos hechos recientes recuerdan la emergencia que Alberta, en especial Calgary, tuvo que vivir en el 2013 por el desbordamiento de varios ríos: Bow, Elbow y South Saskatchewan, por citar sólo 3 de ellos. Las decenas de miles de personas evacuadas y las cuantiosas pérdidas materiales marcaron un hito en la región, descrito en las opiniones de las autoridades de la época quienes estimaron necesaria, cuando menos, una década para lograr la recuperación.

En Colombia, por estos días, la situación también es preocupante. Los desafortunados sucesos en las ciudades de Mocoa y Manizales, que dejaron en su conjunto centenares de muertos, han recorrido los medios de comunicación globales acompañados de imágenes desoladoras. La magnitud de lo ocurrido, ha movilizado la solidaridad, logrando que colombianos, extranjeros, gobiernos internacionales y fundaciones aporten esfuerzos y recursos orientados a la reconstrucción de lo perdido y afectado, así como al sustento de quienes apenas lograron salvar su vida.

Estos eventos, en nuestro país, exigen que todas las medidas necesarias y posibles se implementen. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM publicó recientemente los Mapas de Amenaza por Inundación, detallados no sólo en la escala nacional, sino en los ámbitos departamental y municipal. Esto, les permite afirmar que cerca de 12 millones de residentes en Colombia, en la actualidad, se encuentran expuestas a alto potencial de inundación. Según el Instituto, en las zonas donde el riesgo es más sensible, casi la mitad de las personas padecen altos índices de vulnerabilidad, pobreza, déficit de vivienda, entre otras carencias.

No es la primera vez que Colombia se enfrenta a una situación semejante. Recordamos, en especial, el período 2010 a 2012 y lo que en aquel momento fue llamado la “Ola Invernal”. Por esa época el Partido MIRA propuso en el Congreso de la República varias leyes que, en cuanto fueron aprobadas, aliviaron en alguna medida la situación de los damnificados. También fue posible que se pusieran en marcha algunas medidas administrativas orientadas a idénticos fines.

Por ejemplo, se suspendió el cobro de los servicios públicos a quienes perdieron sus viviendas por causa de las calamidades -cobro que antes no se remitía-. El subsidio para la adquisición de vivienda, que en el país sólo podía ser usado una vez, fue habilitado por una segunda ocasión a las víctimas de la naturaleza, favoreciendo así, por aquella época a más de 400.000 familias. Además, fue creado el “empleo de emergencia” para facilitar la contratación de quienes se vieron afectados por los desastres o calamidades, para que los beneficiarios trabajasen en actividades de rehabilitación, construcción, mejoras, reconstrucción o actividades conexas para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas perjudicadas.

Además de estos mecanismos, que quedaron disponibles y pueden ser aplicados hoy por hoy, la invitación consiste en reflexionar, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, en aquella “otra reconstrucción”. Es preciso pensar y hacer algo a favor de las familias que perdieron uno o algunos de sus integrantes, fomentar posibilidades que antes no eran contempladas y ayudar a recomponer los planes de vida, fortaleciendo los valores individuales y colectivos en la sociedad.

Por: Carlos Alberto Baena López

@Baena